A través de una disposición de la propia comandancia de la Policía Nacional se dispuso el cierre y desmantelamiento de la oficina regional de Antitrata de Personas.
Fue tras la divulgación de un audio donde la comisaria Blanca López supuestamente había exigido un aporte de Gs. 300.000 a cada personal policial para enviar de forma mensual a su superior de Asunción.