La Cámara de Senadores resolvió el viernes 6 de noviembre la destitución del presidente Santiago Peña, tras declararlo culpable de mal desempeño en sus funciones. La decisión se produjo luego de un juicio político impulsado por la Cámara de Diputados, en medio de cuestionamientos relacionados con Ueno Bank y los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS).
El proceso comenzó el jueves 5 de noviembre, cuando Diputados aprobó la acusación con 78 votos a favor. Entre los principales cuestionamientos figuraban presuntos conflictos de intereses, el nombramiento de Carlos Carvallo al frente del Banco Central y el aumento de las colocaciones de fondos del IPS en Ueno Bank.
La acusación fue sostenida ante el Senado por ocho diputados que actuaron como fiscales: Rocío Vallejo, Raúl Benítez, Mauricio Espínola, Carlos Núñez Salinas, Rodrigo Blanco, Adrián Vaesken, Luis Federico Franco y Pedro Gómez.
Durante sus exposiciones, los legisladores señalaron que existían documentos y antecedentes que respaldaban las denuncias. Raúl Benítez puso especial énfasis en el crecimiento de los depósitos del IPS en Ueno Bank, mientras Rocío Vallejo defendió la validez de las pruebas presentadas y cuestionó las decisiones del Gobierno.
Por su parte, la defensa de Peña estuvo a cargo de los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, quienes cuestionaron la rapidez del procedimiento y denunciaron vulneraciones al debido proceso. Sostuvieron que no existían elementos suficientes para atribuir directamente al presidente las operaciones financieras investigadas.
En medio del proceso, Peña presentó su renuncia a la Presidencia, pero el Congreso no llegó a aceptarla formalmente y el juicio político continuó.
Finalmente, el Senado aprobó la destitución con 44 votos a favor. Tras la decisión, Pedro Alliana asumió la Presidencia de la República para completar el periodo constitucional 2023-2028.
El caso representa un episodio de fuerte impacto político e institucional para Paraguay. Mientras los acusadores defendieron la destitución por presunto mal desempeño, la defensa cuestionó la legalidad del procedimiento. Las eventuales responsabilidades penales deberán determinarse en la Justicia.
